El diputado perremeísta por Puerto Plata, Jhonny de Jesús Medina, considera que es un deber del Estado asignar aportes económicos regulares a las Juntas de Vecinos, por la labor social y comunitaria que realizan, por lo que presentó un proyecto de ley con esos propósitos.
A través de la iniciativa, depositada el pasado 13 de diciembre, el congresista plantea en el artículo 3 que en el Presupuesto General del Estado sea asignada la suma de 20 mil pesos a las Federaciones de Juntas de Vecinos; 15 mil pesos, a las Asociaciones de Juntas de Vecinos y esa misma cantidad de recursos económicos a las Juntas de Vecinos.
Entre los considerandos de esa propuesta consigna que “las Juntas de Vecinos están vinculadas por su naturaleza social y comunitaria a los ayuntamientos, los cuales por sus carencias económicas no pueden solventar económicamente sus actividades, razón por la cual es deber del Estado otorgar una asignación económica en el presupuesto de la Nación para ayudar al trabajo que realizan”.
Además, el congresista considera que, con la asignación de una partida económica en base a su categoría, las Juntas de Vecinos podrán realizar un trabajo más eficiente y coadyuvar en los programas de seguridad ciudadana que implementa el Estado, combatiendo la marginalidad, insalubridad y la violencia que se producen en los barrios dominicanos.
Los aportes estatales contribuirían a garantizar la supervivencia y operatividad de las Juntas de Vecinos, según la propuesta.
Requisitos para recibir fondos:
El proyecto de ley establece requisitos para que esas entidades pueda recibir fondos estatales, propone que rindan cuentas a la Contraloría General de la República, con copias a la Cámara de Cuentas y al Centro Nacional de Promoción y Fomento a las Asociaciones Sin Fines de Lucro, adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Expresa, en la pieza, que la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de evaluar el informe presentado por esas entidades sobre la ejecución de los fondos asignados.
Pondera establecer sanciones administrativas que podrían abarcar la suspensión temporal de las Juntas de Vecinos por presentar datos falsos y, si se demuestran intenciones fraudulentas, consigna, que se procedería conforme a lo que establece el Código Penal.
El legislador plantea que el Poder Ejecutivo elabore un reglamento para la aplicación de la ley, en caso de ser aprobada.
