Los hoteleros esperan sostener un diálogo con el gobierno para mantener los incentivos

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La reforma fiscal que propone el Gobierno a través del proyecto de Ley de Modernización Fiscal plantea la eliminación de incentivos estratégicos para sectores productivos que ya se consideran consolidados, como es el caso del turismo.

Aunque los representantes del sector hotelero están preocupados de las consecuencias que traería la derogación de la Ley 158-01 para el Fomento al Desarrollo Turístico, a su vez, consideran que las autoridades están abiertas a escuchar otras propuestas.

«El día de ayer (miércoles) fue muy esperanzador para nosotros, un día en el que nuestra vicepresidenta (Raquel Peña) y nuestro ministro (David Collado) nos confirmaron que hay posibilidad de apertura«, manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre.

En un encuentro con periodistas para hablar del impacto de la reforma fiscal en el turismo, el ejecutivo resaltó que consideran que el sector turismo cuenta «con oportunidades de mejora» para mejorar el esquema fiscal actual y atraer mayores inversiones al sector.

«Nuestra ley de competitividad se ha destinado a proyectos que generan valor, generan empleo y generan esa derrama económica que hemos venido presentando, y para eso hay oportunidades de conversación y modificaciones. Vemos lo que están haciendo otros países y estamos dispuestos a hablar, a conversar y a buscar un entendimiento en ese sentido»

En el marco de la Exposición Comercial de Asonahores, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Gobierno «buscará una fórmula» para no castigar al turismo con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, aunque sostuvo que el Estado no hace nada con seguir atrayendo inversiones si carecen de los ingresos necesarios para «hacer las inversiones públicas que paralelamente apoyen esas inversiones privadas».

Reservan las contrapropuestas:

Hasta el momento, los directivos de Asonahores se mostraron reservados ante la prensa al ser cuestionados sobre las alternativas que propone el sector para evitar que se derogue la Ley 158-01, prefiriendo guardarse cualquier apreciación para las reuniones que sostendrán, a lo interno, con las autoridades.

El pasado presidente de Asonahores, Enrique de Marchena, aseguró que no es tan sencillo determinar qué opciones pueden haber para que un sector productivo opere sin incentivos fiscales, como lo hacen la mayoría de los países de la región.

«Yo no tengo la respuesta a la pregunta de ustedes, pero sí les puedo asegurar que derogar la ley no es la solución»

La razón de esto, sostuvo, es que los inversionistas se instalan en los lugares que sean rentables e indicó que, si bien los proyectos turísticos en marcha a los que ya se les hayan otorgado exenciones por 15 años, los mantendrán con o sin la reforma, no será el mismo caso para las próximas iniciativas que quieran venir al país a hacer negocios, si derogan la ley.

Estructura fiscal:

Un análisis de Asonahores muestra que la estructura fiscal de la República Dominicana compite con la de otros 24 países de América Latina y el Caribe –el 75 % de la región–, que ofrecen exenciones del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bienes importados, entre otros beneficios.

Solo en el ISR, 15 de estos países cobran una tasa menor o igual que el país, mientras que nueve tienen una tasa mayor, pero ofrecen exenciones para el sector turístico.

A esto se le suman otros factores que reducen la competitividad del sector, como el impuesto que se retiene a los boletos aéreos, siendo uno de los que más cobra en toda la región.

Lendor indicó que la eliminación de la estructura fiscal actual arriesgaría el desarrollo de polos turísticos emergentes, como sería el caso de Montecristi, Puerto Plata o Miches. «No hay manera de que un nuevo hotel (sin incentivos) se instale al lado de un hotel que tenga exenciones por 15 años», afirmó.

Esto, sin contar las consecuencias que tendría la reforma fiscal para otros sectores vinculados al turismo, como es el caso de los bares y restaurantes, que enfrentarían las consecuencias de mayores cargas impositivas a las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como el gravamen del 18 % del IVA a ciertos renglones alimentarios que antes no estaban contemplados, recordó el presidente de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), Omar Cepeda.