Uno de los más destacados dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el exembajador Rogelio Polanco, acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de una marcha opositora cuyo permiso ha sido denegado por el gobierno. Los organizadores insisten en realizarla.
“Es evidente que estamos ante la presencia de un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países”, dijo el ex embajador de Cuba en Venezuela y actual jefe del Departamento Ideológico del PCC.
Polanco tuvo una intervención especial el martes en el horario estelar de la tarde en la televisión cubana adonde durante por más de 45 minutos expresó los argumentos por los cuales el gobierno desautorizó en días pasados una manifestación convocada para el 15 de noviembre por una plataforma de Internet llamada Archipiélago y coordinada en gran medida por el dramaturgo Yunior García Aguilera.
Precisamente unas horas antes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó en Washington que Estados Unidos tuviera una actitud injerencista sobre la isla.
“Lo que sospecho que veremos a mediados del próximo mes en Cuba es una demostración no de los deseos del gobierno de Estados Unidos. Lo que hemos visto, lo que veremos, es una manifestación de las necesidades insatisfechas, de las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano”, comentó el funcionario norteamericano.
Pero para el gobierno cubano, la marcha busca desestabilizar al país caribeño e impulsar un modelo al gusto de Estados Unidos, que por seis décadas sancionó y endureció medidas contra la isla presionando un cambio de modelo.
Polanco insistió en que fondos públicos millonarios de la administración en Estados Unidos son canalizados a través de agencias como la USAID o la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) para forzar, según él, un “cambio de régimen”. El exembajador también mostró documentos –la mayoría públicos– de cursos, talleres y seminarios organizados con parte de ese dinero para formar líderes opositores.
Recordó, además, que se paga con ellos radio y TV Martí y mostró declaraciones realizadas por líderes del exilio incluso reclamando una intervención militar a Cuba.
Sin embargo, el dramaturgo García rechazó en entrevista con la AP semanas atrás que recibiera algún tipo de retribución, financiamiento u orientaciones de Estados Unidos o grupos de interés de exiliados cubanoamericanos, en tanto que usuarios de redes sociales, sobre todo jóvenes, demandaron al gobierno cambios que les permita expresar sus inquietudes o desarrollar sus proyectos al margen de la oficialidad.
En septiembre, García y una decena de personas presentaron un pedido de autorización para la marcha el 20 de noviembre, pero las autoridades anunciaron para esa jornada un día de Defensa Nacional, unos ejercicios civiles y militares que suelen realizarse con cierta regularidad.
Los organizadores movieron la fecha para el 15 de noviembre y el gobierno denegó el permiso y la declararon ilegal basado en que el objetivo de la manifestación es lograrar un cambio de régimen y que en Cuba el socialismo está declarado “irrevocable”. Igual sucedió en otras ocho ciudades adonde se habían entregado petitorios.
El grupo contestatario insistió en que saldrán y los simpatizantes del gobierno en que defenderán a la revolución.
La manifestación busca ser una continuidad de otras del 11 y 12 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles de varias ciudades con demandas tan variadas como el fin de las colas y la carestía, el cese de apagones o de plano, cambios de gobierno. Un manifestante falleció y un número no determinado fue preso, al tiempo que también se registraron actos vandálicos.
Cuba enfrenta una fuerte crisis económica y una semiparalización de sus ingresos debido a la pandemia de la COVID-19, sus propias ineficiencias y un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.