Ante el riesgo de un terremoto de gran magnitud, autoridades de Santiago buscan establecer una estrategia interinstitucional que permita fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia, evaluar la seguridad de las edificaciones y garantizar la atención hospitalaria y los mecanismos de evacuación ante una eventual catástrofe.
La iniciativa, denominada «Santiago Alerta 2026: Protocolos Sanitarios y Gestión Antisísmica», fue puesta en marcha por el senador Daniel Rivera durante una mesa técnica celebrada en la Asociación para el Desarrollo (APEDI), con la participación de representantes de 23 instituciones vinculadas con la prevención, la seguridad, la salud y la gestión de emergencias.
El encuentro tuvo como propósito establecer una hoja de ruta común para coordinar las acciones antes, durante y después de un movimiento sísmico, tomando en consideración la exposición de Santiago a la falla Septentrional y las vulnerabilidades que podrían comprometer la respuesta de los organismos de socorro.
Durante su intervención, Rivera advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que podría provocar un terremoto de gran magnitud, especialmente debido a la limitada cobertura de los seguros privados y a los posibles daños en infraestructuras públicas, empresas y propiedades particulares.
El legislador también expresó preocupación por la capacidad de los hospitales y centros de salud para recibir una cantidad extraordinaria de pacientes, debido a que una emergencia de esa naturaleza podría superar los recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles.
Asimismo, sostuvo que las instituciones deben estar preparadas para responder en cualquier momento, incluso durante la madrugada, cuando las dificultades de movilización, comunicación y coordinación podrían complicar las labores de rescate y asistencia.
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, planteó que la preparación ante un terremoto no debe limitarse a la realización de simulacros, sino que requiere medidas permanentes de prevención, supervisión y evaluación de las infraestructuras.
En ese sentido, propuso desarrollar un plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y los ayuntamientos, con el propósito de identificar las construcciones que necesiten inspecciones técnicas y determinar sus condiciones de seguridad.
Entre las preocupaciones expuestas durante la jornada figuró la situación de hospitales construidos bajo normativas anteriores a los códigos de construcción más recientes, como el José María Cabral y Báez y el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña.
Los participantes consideraron necesario evaluar la resistencia de estas instalaciones ante un sismo de gran intensidad, tomando en cuenta que los centros sanitarios desempeñarían un papel fundamental en la atención de las personas heridas.
No obstante, durante el encuentro no se presentaron estudios técnicos que permitieran establecer que esas edificaciones colapsarían ante un movimiento sísmico. Por ello, las inquietudes planteadas estuvieron orientadas a la necesidad de realizar evaluaciones preventivas.
Santos también cuestionó la expansión de las construcciones hacia zonas de la cordillera, al advertir que el crecimiento urbano desordenado podría incrementar la exposición a riesgos ambientales, favorecer la deforestación y comprometer terrenos destinados a actividades productivas.
En ese contexto, destacó la importancia de incorporar criterios de prevención sísmica y ordenamiento territorial en las decisiones relacionadas con nuevas edificaciones, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Proponen rutas de evacuación y puntos de encuentro alternativos
Otro de los aspectos abordados durante la mesa técnica fue la necesidad de establecer diferentes rutas de evacuación y espacios seguros para la concentración de personas después de un terremoto.
Los participantes advirtieron que no sería conveniente depender exclusivamente del Parque Central de Santiago como punto de encuentro, debido a que un evento de gran magnitud podría provocar daños en las carreteras, interrupciones de las comunicaciones y obstáculos para la movilización de los equipos de emergencia.
Ante este escenario, plantearon la importancia de identificar espacios alternativos en distintos puntos de la ciudad, definir rutas de acceso y establecer mecanismos que permitan trasladar a las personas heridas hacia centros hospitalarios que mantengan su capacidad operativa.
También destacaron la necesidad de disponer de protocolos para responder ante posibles interrupciones del suministro eléctrico, dificultades en el abastecimiento de agua potable y daños en las principales vías de comunicación.
La planificación contempla que las instituciones puedan actuar de manera coordinada, incluso cuando algunas instalaciones públicas o centros de operaciones resulten afectados por el fenómeno.
Desafíos sanitarios
La atención sanitaria fue otro de los temas centrales de la jornada, debido a las dificultades que podrían enfrentar los hospitales públicos y privados para atender simultáneamente a una gran cantidad de personas lesionadas.
Entre los aspectos evaluados figuraron la disponibilidad de camas, personal médico, medicamentos, equipos especializados y medios de transporte para movilizar pacientes.
Los representantes institucionales coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado, de manera que los centros de salud puedan distribuir la atención según sus capacidades y las necesidades de las personas afectadas.
