La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a los 11 policías imputados de abatir a cinco hombres la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.
El tribunal declaró el proceso de tramitación complejo e impuso prisión preventiva al raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Además, impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento a salir del país y presentación periódica contra los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal acogió también la solicitud del Ministerio Público al autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó el compromiso del Ministerio Público con la investigación.
“Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.
Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos- señaló Camacho-, quien estuvo acompañado en audiencia por las fiscales de Santiago, Quirsa Abreu Peña (titular) y Yeny Liranzo, así como por el procurador de corte de la Dirección de Persecución, Héctor García.
“Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos que, como sociedad, nos aseguremos de prevenir que hechos de esta naturaleza no se repitan”, dijo.
La audiencia, donde la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.
