Un total de 13 cuerpos no reclamados ni identificados de los 37 migrantes que fallecieron en el accidente de autobús en Panamá el pasado febrero fueron enterrados este viernes en el norte del país, cerca de la frontera con Costa Rica donde ocurrió la tragedia, la peor de este tipo en la nación centroamericana.
«En este momento se procede al entierro de solemnidad de 13 personas, 5 personas (fueron) debidamente identificadas, un nigeriano, una persona eritrea, un brasileño y 2 haitianos», dijo a los periodistas en David, en la provincia de Chiriquí, la fiscal de la zona, Melissa Isabel Navarro Rodríguez.
La fiscal explicó que «ocho personas no fueron debidamente identificadas, y se encuentran incluidas en este grupo», pero apuntó que sí saben que proceden de Camerún, Ecuador, Haití, Brasil, Cuba, Colombia y Venezuela.
Agregó que en la morgue quedaron «tres menores de edad, dos de nacionalidad ecuatoriana y un niño de nacionalidad venezolana», todos «identificados».
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) de Panamá informó que los «13 restos humanos no identificados o no reclamados de migrantes» fueron enterrados en «una fosa individualizada de cadáveres debidamente registrados, que facilita la exhumación cuando los familiares reclamen algún cuerpo».
Las autoridades forenses detallaron en un comunicado que «a futuro se construirán nichos humanitarios», como ya se hizo en la provincia de Darién, donde se encuentra la peligrosa selva fronteriza con Colombia por la que diariamente cruzan cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica.
La sepultura, conocida como entierro de solemnidad, se realizó en un cementerio en David con la presencia de autoridades panameñas, la Iglesia católica y una asesora forense de la Cruz Roja Internacional.
El director general del IMELCF, José Vicente Pachar, declaró que las personas «que hayan perdido sus seres queridos» y «sepan que posiblemente están aquí en Panamá pueden venir» para hacer los «cotejos y si coinciden se procederá con la entrega de los restos».
El pasado 15 de febrero un autobús que trasladaba a 67 migrantes desde un albergue en Darién, la peligrosa frontera con Colombia, hasta otro en Chiriquí, se accidentó causando la muerte de 39 personas, 37 migrantes y dos panameños, según los últimos datos oficiales, que rebajan la cifra previa de 40 fallecidos.
Los cuerpos quedaron desmembrados dada la violencia del accidente, lo que complicó la identificación, pero las autoridades lograron «reconocer 21 personas extranjeras que fueron debidamente entregadas a su familiares o a sus embajadas», señaló la fiscal.
El año pasado, 248.284 migrantes cruzaron la selva del Darién, una cifra inédita empujada por el éxodo venezolano, mientras que este año ya la transitaron unos 58.000, un número 5 veces superior al mismo lapso de 2022, según cifras oficiales hasta la primera semana de marzo.
Panamá registra a los migrantes que cruzan la mortal selva – uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo-, donde son víctimas de accidentes, robos y enfermedades, y les ofrece asistencia de salud y alimentación en albergues, donde hay presencia de organismos humanitarios.
Tras ello, los migrantes son trasladados en buses, costeados por ellos mismos, hacia otra instalación limítrofe con Costa Rica, para que sigan su camino hacia Estados Unidos.