Jueza fallará este martes coerción en caso Coral 5G

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La juez Kenya Romero se reservó para este martes a las 5:00 de la tarde el fallo sobre la medida de coerción a doce imputados del alegado caso de corrupción Coral 5G.

El Ministerio Público terminó la presentación de pruebas contra los encartados el pasado viernes, mientras que en el día de hoy, los doce abogados concluyeron con la presentación de sus alegatos de defensa.

Posteriormente, tanto abogados de la defensa como el Ministerio Público hicieron las réplicas y contra réplicas, para dejar la decisión en manos de la magistrada Romero.

El Ministerio Público pide prisión preventiva para ocho y domiciliaria para cuatro encartados, aunque no quiso revelar los nombres.

18 meses para los generales

También solicita que a los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, se les impongan 18 meses de prisión preventiva y se declare el caso complejo.

Además, piden prisión para el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

La Procuraduría establece que el expediente cuenta con 700 pruebas documentales que lo hacen un caso blindado.

En el caso de la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, según su abogado Félix Portes, admitió de manera parcial su participación en la supuesta red, siendo este uno de los principales motivos por lo cual el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción de prisión a arresto domiciliario.

Entre las evidencias depositadas hay documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados, dice la Pepca.

La supuesta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 5,000 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

Asimismo, en el expediente del Ministerio Público de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).