Depositan ante Pepca expediente contra Gonzalo por compra de hotel en Barahona

Alianza Ciudadana depositó hoy a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un expediente contra el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por la comisión de irregularidades en la compra al Estado del hotel Bahoruco Beach Resort.
Los abogados Eddy De Gracia y Evelyn Torres, representantes de la Red de Rendición de Cuentas (RRC), dijeron que en la operación que implica construir el imponente hotel “Perla del Sur”, el exministro y excandidato presidencial peledeísta incurrió en la violación del ordenamiento jurídico en las inmediaciones de La Ciénaga, comunidad costera de Barahona.
Dijeron que en la operación se incurrió en violación del ordenamiento jurídico, razón por la cual pedirán al procurador Wilson Camacho una investigación y que someta a la justicia a Castillo por los delitos de prevaricación, concusión de funcionarios públicos, cohecho y abuso de confianza.
En ese tenor, los juristas expresaron que Castillo incurrió en la violación de los artículos 166, 174, 177 y 405 del Código Penal Dominicano.

Perla del Sur
El proyecto del hotel Perla del Sur se originó en el año 2013 cuando el entonces ministro de Obras Públicas adquirió mediante un préstamo de 91 millones de pesos, muy por debajo de su valor, vía el Banco de Reservas, el antiguo Hotel Bahoruco Beach Resort, precio además que fue pagado en efectivo 16 millones y los restantes 75 fueron financiados a diez años a una tasa “muy asequible”.
Alianza Ciudadana dijo en un comunicado que la compra del hotel en Barahona la hizo Gonzalo Castillo valiéndose de su condición de funcionario, en el primer trimestre del 2013 a través de la empresa Perla del Sur Investment Group.
De este grupo económico también formaron parte Sadhalá Khoury, ligado al mundo de la construcción, Miguel Feris, Pablo Portes, de GB Energy y Rafael Méndez Risk, del sector farmacéutico.
La organización de la sociedad civil dijo que Castillo violó también la Ley 41-08, de Función Pública, que prohibe ese tipo de transacciones. El hotel había sido embargado por el Banco de Reservas, debido a una deuda del Grupo de hoteles Barceló.

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