Abinader plantea propuestas para mejorar sistema judicial del país

Santo Domingo. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, adelantó varias propuestas que se propone impulsar desde la Presidencia de la República para fortalecer la institucionalidad  de la justicia dominicana, esto en ocasión del Día Nacional del Poder Judicial.

Abinader favorece como elementos fundamentales en una reforma judicial que el  Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por un período de seis años, sin posibilidad de ser reelecto en el cargo y que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera.

“Hemos insistido en la idea de conformar un verdadero ministerio público independiente, que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas  decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia,  dada su condición de representante de la sociedad”, expresa el principal líder opositor del país.

Considera que al lograr la independencia del Procurador, se podrá obtener también  la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

“Con esto lograríamos que este órgano  no dependa del Poder Ejecutivo y a la vez no requiera mantener una relación “estrecha” con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único período”, apunta Abinader.

Logrando la independencia del Procurador, a la vez se podrá obtener la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

Asimismo, agrega que “en  adición a la designación del Procurador el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en la manos del propio procurador.

Y apunta  que el Ministerio de Justicia sería  responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario; de ejercer la representación en justicia del Estado; actuar como  el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos; supervisar el ejercicio de la profesión de abogado; coordinar el servicio de defensa pública, y representar  al Estado ante organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia.

Consejo Nacional de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia

En esta ola de reformas visualizada por Abinader en el  sector justicia define como  imprescindible modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de minimizar la influencia del Presidente de turno sobre el mismo y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica.

“Nuestra propuesta en este sentido va dirigida en dos aspectos: 1) la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo, con lo cual recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones; 2) la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución”, expresa en su mensaje.

El candidato presidencial entiende que uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo.

En este punto considera que el artículo 180 de la Constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo período luego de una evaluación a ser realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esa alta corte se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional.

Por lo que propone que  los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un período único de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos nueva vez en su cargo, apuntando que su  designación sería en períodos escalonados similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional para que la renovación del pleno sea de manera parcial y no perder la continuidad en el funcionamiento del sistema.

Dice estar consciente que la materialización de esta reforma implicaría una reforma constitucional, “para lo cual será imprescindible el compromiso y la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, a los cuales pretendemos convocar una vez asumamos la Presidencia de la República el próximo 16 de agosto”.

A modo de ejemplo, entre los cambios  puntuales cita “el mejoramiento de los salarios y equipamiento de los policías, modernización de los institutos de investigación forense, creación del número necesario de tribunales para una adecuada funcionalidad de la justicia, y, por supuesto el cumplimiento en la asignación de la partida presupuestaria que ordena la ley al poder judicial. Con esto lograremos una nueva ola de cambios para el sistema judicial dominicano que permitirá su institucionalización y fortalecimiento para el bien de todos los dominicanos”.

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